Pacto Social
Por Alfredo Zaiat
La negociación precios-salarios se presenta como el primer gran desafío del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. La negociación de las nuevas paritarias empezará a principios de año y tendrá su epicentro en abril próximo. Con el objetivo de actuar de mediadora en la saludable discusión salarial en una economía en crecimiento, Cristina Fernández de Kirchner se enfrentará no sólo a la lógica tensión de las partes, sino a la ausencia de un indicador de referencia confiable para ordenar esa puja. La manipulación del Índice de Precios al Consumidor dejó a la economía sin brújula. Por ese motivo, los diversos agentes han estado ajustando precios o reclamando reajuste de salarios por prevención porque no tiene un ancla aceptada socialmente, lo que ha gatillado una dinámica inquietante de expectativas inflacionarias.
De ese modo, sin un índice de inflación creíble, la fortaleza política será clave para disciplinar a unos y otros en la definición de un porcentaje de ajuste salarial, que brinde condiciones para la preservación de la calma social y a la vez sirva para evitar un proceso de remarcación de precios. La tarea no es nada sencilla teniendo en cuenta la historia pasada de los pactos sociales en Argentina. Más allá de que el objetivo oficial va más allá de la discusión precios-salarios, ésta será la clave para empezar a construir los otros consensos. Como referencia, resulta relevante un textual de Cristina, pronunciado en el Teatro Argentino, en La Plata, en su primer discurso de campaña: "...proponer un acuerdo: el Diálogo Social en la Argentina, en el cual tenemos una rica historia empresarios, trabajadores y la pata del Estado que redirecciona y garantiza las condiciones macroeconómicas de no endeudamiento, de superávit fiscal primario, de superávit comercial, de tipo de cambio competitivo, de reservas suficientes para evitar cualquier cimbronazo. Esas condiciones macroeconómicas no pueden ser solamente de un gobierno o de un Presidente de turno, tienen que ser patrimonio de todos los argentinos, y tiene que ser institucionalizado".
Los antecedentes más importantes de acuerdos sociales en Argentina se remontan al Congreso de la Productividad, convocado en 1955, por el Gobierno de Perón, y el Pacto Social, firmado el 8 de junio de 1973. Hubo a lo largo de la historia otros intentos en ese sentido, aunque menos notables que los mencionados, como el Consejo Económico Social, de 1946, o el Gran Acuerdo Nacional, del presidente de facto Alejandro Agustín Lanusse. También se concretaron Acuerdos Marco de la CGT y UIA durante el gobierno de Carlos Menem, de flexibilización laboral y privatización de la seguridad social.
La iniciativa en el último año del segundo gobierno de Perón fracasó por la pretensión de los empresarios de limitar los derechos de los trabajadores, a la vez que la CGT impulsó aumentos salariales por encima de lo previsto. En tanto, el Pacto Social de José Ber Gelbard (gobierno), José Ignacio Rucci (CGT) y Julio Bronner (CGE) fue el más complejo, al ensayar el objetivo de constituir un programa económico y social integral, que incluía varios proyectos legislativos, como el impuesto a la renta potencial de la tierra, entre otros. Se estableció un compromiso que incluía el congelamiento de precios y un alza general de los sueldos en 200 pesos mensuales, tras lo cual se suspendían las negociaciones colectivas salariales por el lapso de dos años. Esas dos obligaciones fueron resistidas por las bases empresarias y sindicales: las primeras, con desabastecimiento; las segundas, intensificando el conflicto con reclamos de más aumentos de salarios y desbordando el liderazgo de las conducciones tradicionales.
Las condiciones socioeconómicas son sustancialmente diferentes a las que predominaron en esas experiencias pasadas. El mercado laboral se ha fragmentado y registra una marcada heterogeneidad, lo que implica una mayor complejidad en el objetivo de involucrar a la mayoría de ese universo en un pacto social. A la vez, la economía ha mudado a una elevada trasnacionalización, con amplios sectores que han quedado en manos de compañías extranjeras, cuyo deseo de asumir compromisos en el marco de un Diálogo Social resulta de escaso a nulo. El desafío no menor de Cristina Fernández de Kirchner es hacer viable el Pacto que propone en un contexto donde la convocatoria no invita al debate ni a la propuesta de ideas, sino a rubricar un contrato de adhesión de la actual política económica.
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Por Alfredo Zaiat